Rajoy entra en campaña contra las pensiones privilegiadas de sus señorías

Luis Díez

De la euforia de la convención sevillana del PP vale destacar la promesa de Mariano Rajoy de que pedirá al Congreso que revise el sistema de compensación de las pensiones de los parlamentarios y elimine “cualquier cosa” que pueda suponer un “privilegio” respecto a los demás ciudadanos. Los términos “cualquier cosa” excluyen los dobles sueldos públicos y las pagas vitalicias de los ex presidentes José María Aznar y Felipe González, así como las de los ex presidentes de otras altas instituciones, cuya supresión ha pedido IU-ICV-ERC en una proposición de ley que será votada el próximo martes en el pleno.

El anuncio de Rajoy supone un cambio de posición sobre los acuerdos adoptados en 2006 por las Mesas del Congreso y del Senado con el respaldo del PP para equiparar –se dijo entonces– la situación de los parlamentarios españoles con los de los países de nuestro entorno. El régimen de privilegios fue denunciado por Rosa Díez en abril pasado, pero su petición de que se revisasen no fue tomada en consideración hace un mes y mereció el epíteto de “demagógica” por parte del PP, que recordó que la dirigente de UPyD disfruta del beneficio derivado de su condición de ex eurodiputada.

José Bono vio venir la polémica y se anticipó a explicar por carta a sus señorías que sólo 70 diputados de los 3.809 que ha habido desde 1977 se han beneficiados de un complemento de 1.066 euros mensuales con cargo al Congreso para poder cobrar la pensión máxima. Las referencias históricas a la clandestinidad y a los que sufrieron años de cárcel, acudieron a la mente de todos. De paso, para aprovechar el folio, Bono explicó algo que la sección El runrún de un diario madrileño ya había publicado: que el presupuesto anual del Congreso equivalía al fichaje de Cristiano Ronaldo. Si la gente paga una burrada por ver a un deportista dar patadas a un balón, ¿quién puede reprochar al Congreso el pago de sueldos y pensiones dignas a los representantes del soberano?

¿En qué consisten esos privilegios o “cualquier cosa” que diferencia a los parlamentarios de los demás ciudadanos en materia de pensiones? O, dicho de otra manera, ¿cómo es posible que una regulación establecida para que sus señorías no se vieran perjudicadas por su actividad política haya terminado convirtiéndose en un sistema de privilegios?

1. Porque la regulación establece que un parlamentario puede ver complementada su pensión de jubilación o incapacidad con cargo a las Cortes Generales hasta una cuantía equivalente a la pensión máxima o cercana a ella con sólo haber sido parlamentario durante más de 7 años.
2. Porque con menos de siete años de cotización como diputado o senador pueden recibir complementos y la pensión máxima mediante decisión graciable de las Mesas de las Cámaras.
3. Porque un parlamentario se puede jubilar a partir de los 60 años si reúne el periodo máximo de cotización, debido a que las Cortes le pagan el complemento.
4. Porque los parlamentarios tienen la posibilidad de prejubilarse con cargo a las Cortes Generales desde los 55 años, con derecho a cobrar un 60% de la asignación constitucional –en la actualidad 3.125,52 euros – y a que se les mantenga de alta en la Seguridad Social cotizando hasta la edad de jubilación acorde con la actividad privada que pasen a ejercer tras cesar de parlamentarios.
5. Porque con la regulación establecida en el punto anterior, una persona que nunca haya cotizado a la Seguridad Social hasta adquirir la condición de diputado o senador y que la abandonare a los 55 años, podría “prejubilarse” con el 60% de la asignación constitucional para terminar disfrutando a los 65 años de la pensión máxima, más la ayuda del complemento, sin haber tenido que volver a trabajar.

Nada de esto rige para el resto de los trabajadores a los que con el voto de sus señorías se les prolongará la vida laboral legal hasta los 67 años, se les alargará el periodo de cotización a 39 años para tener derecho a la pensión máxima y se les amplirá el cómputo medio de cálculo de 15 a 20 o 25 años.

No es “alguna cosa”, sino muchas las que Rajoy tendrá que revisar. Pero hay más: puesto que sus señorías no cotizan al desempleo y no tienen derecho a subsidio de paro, perciben una indemnización cuando hayan cesado equivalente a un mes de salario por cada año de ejercicio como diputado o senador. Si Rajoy mantiene su palabra contra los privilegios, puede empezar por el final: que los parlamentarios en paro reciban el mismo trato que los más de cuatro millones de desempleados.

Y otra cosa más: el Reglamento prevé que con cargo al presupuesto de las Cortes Generales se abone a todos los parlamentarios un plan de previsión social del 10% de la asignación constitucional. Una cuantía muy elevada comparada, por ejemplo, con la que aporta la Administración para sus funcionarios. Rosa Díez y algunos disputados más sostienen que lo justo sería que ese fondo de pensiones fuera voluntario y lo pagaran de su bolsillo, no con cargo al común.