Carlos Sevilla Peris
Después de declaraciones anteriores similares, y sobre todo del último proceso frustrado de 2006, el alto el fuego de ETA, firmado el día en que miles de personas pedían el acercamiento de presos en Bilbao, llega a un escenario político donde los actores mueven poco sus posturas. El PSOE y el Partido Popular insisten con el Gobierno español en esperar un comunicado en el que ETA anuncie su disolución, una salida utópica para muchos después de 50 años de actividad. Comprendiendo el escepticismo “dada la experiencia de procesos anteriores”, el periodista Mariano Ferrer cree que esta reacción también responde “a tomas de posición muy consolidadas y muy interesadas en que esto, o no se solucione ahora, por la proximidad de las elecciones municipales y forales, o se solucione de una manera que debilite y no fortalezca al nacionalismo”.
“No me parece de recibo abogar por la rendición incondicional como solución única”, explica el escritor Iban Zaldua. “Por mucho que se pueda desconfiar, creo que el Gobierno debería actuar con más sentido de Estado y colaborar para que el proceso de abandono del terrorismo sea definitivo. No es responsable desaprovechar las oportunidades, por pequeñas que sean”.
En esta línea, el presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Jesús Eguiguren, afirmó en una entrevista en El Correo que “para que todo fuera mejor, la legalización de Batasuna vendría bien, lo mismo que determinadas actuaciones en política penitenciaria, con consenso con el PP, como la agrupación de presos en tres o cuatro cárceles”. Una posición que no comparten oficialmente el PSE y el PP vasco, alineados con las tesis planteadas por sus direcciones de Madrid, aunque los socialistas sí reconocen la importancia del proceso abierto en la izquierda abertzale. A pesar de que casi todos lo consideren insuficiente, el resto de partidos vascos, y organizaciones ciudadanas como Lokarri, ven en el anuncio de ETA una oportunidad para el fin de la violencia. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, declaró que “hay que aprovechar el tiempo de esperanza y de estabilidad que se está abriendo en Euskadi y en el Estado”, mientras el portavoz de la izquierda abertzale ilegalizada Txelui Moreno llegó a asegurar en Catalunya Ràdio que el comunicado suponía “el final del final” de la lucha armada de ETA.
- Verificable internacionalmente.
Cuatro meses después de detener sus “acciones armadas ofensivas”, ETA ha añadido a su alto el fuego las palabras “permanente, general y verificable internacionalmente”. Unos términos que responden en gran parte a las exigencias incluidas en la Declaración de Bruselas, encabezada por el mediador sudafricano Brian Currin y firmada en marzo de 2010 por personalidades internacionales, entre ellas cuatro Nobel de la Paz; y en la de Gernika, suscrita en apoyo a la anterior el pasado septiembre por varias organizaciones y partidos de izquierda abertzale, entre ellos la izquierda abertzale ilegalizada, Eusko Alkartasuna y Aralar, que ha criticado que la declaración de ETA no contemple su irreversibilidad. “Aunque existen voces como la de Aralar que reclaman que ETA responda íntegramente a la declaración de Gernika, el alto del fuego es una respuesta a esas presiones y se debe valorar positivamente”, opina Iñaki Barcena, profesor de ciencia política de la UPV-EHU, quien considera que más que en el texto, el comunicado introduce cambios en el contexto: “La verificación es una nueva dimensión interesante, así como la implicación de agentes internacionales en el conflicto”.
Según Mariano Ferrer, ETA no tenía otra opción: “Con un comunicado en otra línea, el grupo de contacto habría abandonado el proceso y la dirección de Batasuna se habría visto obligada a romper con ETA o habría quedado desautorizada ante la opinión pública y sus propias bases”.
- Debilidad social de ETA.
En opinión de Iban Zaldua, quien percibe una inédita debilidad militar y social en ETA, la asunción de las reclamaciones de la izquierda abertzale es otro de los aspectos positivos del comunicado: “ETA no parece reclamar el protagonismo, como en anteriores ocasiones, y deja el posterior proceso en manos de los partidos políticos y la sociedad civil; acepta una supervisión internacional de su alto el fuego y se muestra más ambiguo que en otras ocasiones con respecto a su ‘tutela’ del proceso”. Ferrer cree que muchos interpretan lo contrario y ven un intento de tutela, una amenaza con volver a las armas, en la frase: “ETA no cejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término el proceso democrático, hasta alcanzar una verdadera situación democrática en Euskal Herria”. Si ese fuera su significado, explica, “sería muy negativo, estaríamos en 1995 y en la Alternativa Democrática otra vez. De ahí que Txelui Moreno tire del comunicado para hacerle decir lo que no es obvio que diga”.
La fecha y el contenido del comunicado era algo casi anunciado y las respuestas ya estaban preparadas. Las más escépticas apuntan a la necesidad de Batasuna de ser legal y hay quien vuelve a hablar de “tregua trampa”. De momento, fuentes policiales citadas por la prensa en los últimos días creen que ETA podría emitir próximamente un segundo comunicado explicativo, y Currin ya ha informado de que viajará “cuanto antes” a Euskadi con miembros del grupo de contacto. Además, la izquierda abertzale ilegalizada ha anunciado para finales de enero la presentación de los estatutos de su nuevo partido.
- De zutik al alto el fuego.
En febrero de 2010, la izquierda abertzale ilegalizada aprobó Zutik Euskal Herria (En pie Euskal Herria), un documento que cerró meses de debate interno y en el que se comprometía, unilateralmente, con un escenario democrático y sin violencia. Desde entonces ha reclamado repetidamente a ETA pasos en esa dirección. Según Iñaki Barcena, “con ETA actuando, la política vasca se cierra para la izquierda abertzale no sólo en su dimensión institucional, sino en muchos otros ámbitos. Si ETA ha parado es sobre todo porque ésa ha sido durante años la demanda de la izquierda abertzale”. Tras el alto el fuego, el reto ahora para la izquierda abertzale es estar en las elecciones municipales de mayo.
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